La base de datos de vigilancia electrónica, con la que el gobierno quiere espiar todas las comunicaciones del Reino Unido, podría ser gestionada y mantenida por una empresa privada según la prensa del país. Un documento de consulta del plan gubernamental de espionaje de las comunicaciones en el Reino Unido, contempla la externalización del mantenimiento de la base de datos por empresas del sector privado, que tendrían acceso a las comunicaciones privadas de los ciudadanos británicos.

La gigantesca base de datos que el gobierno pretende crear costará 17.500 millones de dólares y según el gobierno la iniciativa se motiva “para que las fuerzas del orden mantengan su capacidad para hacer frente al terrorismo y a la delincuencia organizada”.

La base de datos contendrá llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto o sitios web visitados, con información del remitente, destinatario, fechas, horas y todo tipo de datos privados.

El plan se enfrenta a la oposición de asociaciones y organizaciones de derechos civiles, al consejo de Europa para los derechos humanos o a la gran mayoría de juristas consultados, acusándola directamente de ilegal por violar la intimidad y privacidad de los ciudadanos.

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